Parte 1ª
Los pueblos indígenas de Guatemala denuncian mas de cuatro siglos de discriminación, negación, represión, explotación y masacres hechas por los invasores extranjeros (primero españoles, continuadas después de la independencia del país en 1821 por sus descendientes denominados criollos (matanzas de cackchiqueles en Patzicía, de Sansirisay, de kekchíes en Panzós, de ixiles y quichés en Chajul, Cotzal, Uspantán, Cunén y otros lugares, y la matanza de ixiles y quichés en la Embajada de España el 31 de enero 1980.
Anterior y posteriormente a esa fecha (1980), las persecuciones, desalojos de tierras, asesinatos de indígenas y represión de la población en general, han sido una constante por parte de los sucesivos gobiernos corruptos que ha tenido Guatemala hasta el presente.
En el pasado reciente se sumaron al robo de tierras de campesinos e indígenas las multinacionales occidentales (en especial de EEUU). La guerra civil en Guatemala (1960-1996), se remonta a la anterior intervención estadounidense en el país, en 1954, que derrocó al gobierno electo de Jacobo Arbenz por medio de un golpe de estado organizado por la CIA, apoyándose en la vecina Honduras, para imponer un gobierno títere que respondieran a los intereses de Estados Unidos, y en connivencia con la dictadura guatemalteca, las compañías hidroeléctricas, y posteriormente las transnacionales de extracción hídricas, mineras y de explotación de los recursos naturales.
En el pasado reciente se sumaron al robo de tierras de campesinos e indígenas las multinacionales occidentales (en especial de EEUU). La guerra civil en Guatemala (1960-1996), se remonta a la anterior intervención estadounidense en el país, en 1954, que derrocó al gobierno electo de Jacobo Arbenz por medio de un golpe de estado organizado por la CIA, apoyándose en la vecina Honduras, para imponer un gobierno títere que respondieran a los intereses de Estados Unidos, y en connivencia con la dictadura guatemalteca, las compañías hidroeléctricas, y posteriormente las transnacionales de extracción hídricas, mineras y de explotación de los recursos naturales.
En 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, después de 36 años de guerra civil y mas de 200 mil muertos.
Antecedentes del pasado reciente.
En enero de 1976, el primer préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) era suscrito por el General Kjell Laugerud (Presidente de Guatemala de 1974 a 1978), para la construcción de la hidroeléctrica Pueblo Viejo-Quixal (1977-1983). Dicha construcción provocó la inundación del fondo del valle del Río Chixoy, así como la desaparición de 23 aldeas o localidades, afectando a cerca de 3445 personas, 45 sitios arqueológicos, áreas de cultivo y recursos naturales. La inundación, conocida
hoy como Embalse Chixoy, abarca una extensión
aproximada de 50 KM y alcanza 50 metros de profundidad
.
Despojo de tierra en Santa María de Jesús
En 1978 En San Antonio Aguascalientes.
En San Martín Jilotepeque, finca “La Merced”
En Olopa y Sansirsay
En Livingston, Izabal, todos en 1978
En Joya Grande, Chimaltenango, por Bandesa.
1979
En Río Negro, Rabinal, por el INDE, (hidroeléctrica)
1979
En Pacaguex, San Andrés SAjcabajá, 1978, y en otros lugares
La violencia contra la población indígena, a raiz de las protestas de estas comunidades por la extorsión a que estaban siendo sometidas continuó en 1980, cuando la policía militar llegó a Río Negro y mató a siete campesinos. En julio de ese año, dos representantes de la aldea aceptaron participar en un encuentro convocado por el Instituto Nacional de Electricidad (INDE). Llevaban estas personas la única documentación en poder de estos pobladores para tratar los problemas derivados de estos hechos y tomar acuerdos para el reasentamiento y la compensación a que hubiere lugar. Los cuerpos mutilados de ambos fueron hallados una
semana más tarde. Los documentos de la relocalización nunca fueron recuperados.
La quema de la embajada española. 31 de enero de 1980
Declaración de Iximché, Guatemala, febrero de 1980. Tras la quema de la embajada española.
Hace 32 años, un grupo de unas 30 personas (21 indígenas y cuatro mujeres), secundados por el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora de Pobladores, obreros, cristianos y estudiantes de Secundaria y universitarios miembros del Frente Estudiantil Robin García, ocuparon de forma pacífica la embajada de España en Guatemala para reclamar atención al mundo sobre la violencia institucional, persecución y asesinatos que venían padeciendo y denunciar los últimos siete asesinatos de campesinos de el Quiché.
El embajador español Máximo Cajal y López así lo entendió. Había alimentos suficientes allí para aguantar varios días y todo hubiera podido resolverse de forma pacífica. La comitiva pidió al embajador que sirviera de intermediario entre las partes. A las cuatro horas de la pacífica ocupación, los militares guatemaltecos, contra la opinión del embajador y del Gobierno español, invadieron de forma violenta la legación diplomática con lanza llamas de gas y ametralladoras.
El resultado fue de treinta y siete muertos entre ocupantes, visitantes y trabajadores de la Embajada, entre ellos el consul español, Jaime Ruíz del Árbol, el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres, el ex canciller guatemalteco Adolfo Molina, Luis Felipe Martínez, María Teresa Vázquez de Villa, el padre de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, uno de los líderes de los indígenas ocupantes, 20 indígenas y cuatro mujeres, estudiantes y un obrero. Se salvaron, con graves quemaduras, el Embajador de España y un indígena, que fue secuestrado el día después del hospital donde convalecía de sus heridas, torturado y asesinado. Su cuerpo fue arrojado frente a la Universidad de San Carlos, tenía un cartel colgado del cuello con la frase "Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo".
Cajal, por supuesto, no era comunista, simplemente fue humano; y en España gobernaba entonces UCD (centro-derecha). La reacción del Gobierno español fue inmediata: ruptura de relaciones diplomáticas y exigencia al gobierno guatemalteco de resarcimiento a todas las víctimas. Sin respuesta-
Cajal, por supuesto, no era comunista, simplemente fue humano; y en España gobernaba entonces UCD (centro-derecha). La reacción del Gobierno español fue inmediata: ruptura de relaciones diplomáticas y exigencia al gobierno guatemalteco de resarcimiento a todas las víctimas. Sin respuesta-
A partir de entonces la violencia del Gobierno militar guatemalteco fue en aumento, cebándose en las tierras de El Quiché, donde campesinos, indígenas, población en general y parte del clero sufrieron represión y persecuciones, asediando incluso al obispo. En esa campaña murieron asesinados tres sacerdotes españoles que desempeñaban su labor pastoral en parroquias quichés y se acosó a los españoles que trabajaban en Guatemala con el movimiento popular. José María Gran Cirera, sacerdote en Chajul, fue asesinado el 4 de junio; el día 10 de julio lo fue Faustino Villanueva en Joyabaj, y el día 16 de febrero de 1981 fue hallado torturado y tiroteado en la cabeza el cadáver de Juan Alonzo Fernández en Cunén. El sacerdote Carlos Pérez Alonzo fue secuestrado y permanece desaparecido desde agosto de 1981. A estas muertes siguieron la quema de numerosas aldeas, desalojos forzados, desapariciones de campesinos e indígenas, sindicalistas, estudiantes, profesionales ...
Militares cobardes y tramposos
En febrero de 1982, el comando militar local ordenó a 73 hombres y mujeres que se presentaran en Xoxoc, una aldea aguas arriba del reservorio, la cual tenía un historial de conflictos por la tierra con la comunidad de Río Negro. Los militares reunieron a todas las mujeres, niños y niñas y los condujeron a una colina detrás de su aldea siendo asesinados. El 13 de marzo de 1982 efectivos del Ejército de Guatemala y patrulleros de Autodefensa Civil de Xococ torturaron y asesinaron a 70 mujeres y 107 niños y niñas de la aldea de Río Negro, quedando vivos 18 niños y niñas, que fueron obligados a convivir durante casi dos años con los mismos integrantes de las patrullas que ejecutaron a sus familiares y tratados como esclavos. Ambas comunidades, Xococ y Río Negro, forman parte de la etnia achi'.
Dos meses después, otras 82 personas más de estas comunidades fueron asesinadas. Una política de tierra arrasada impulsada desde el poder militar con el objetivo de apoderarse de las tierras de campesinos e indígenas dejó pueblos arrasados y cientos de personas quemadas vivas, matanzas en Dos erres exilio de miles de personas hacia países limítrofes y cerca de un millón de desplazados forzosos
internos. El pueblo maya fue calificado por el Gobierno como “enemigo interno”, en un contexto de discriminación, racismo y violación de los derechos humanos. Fueron ejecutadas más de 500 personas, otras tantas desaparecidas, mujeres violadas, y
muchos niños y niñas sometidos a esclavitud por miembros de las PAC.
La organización Witness for Peace (Testigos para la Paz) publicó en 1995 un informe basado en entrevistas a los y las sobrevivientes de Río Negro, donde se dan detalles acerca de la forma atroz en que aquellas personas murieron.
El Estado guatemalteco nunca ha investigado los hechos de estas masacres de forma creíble, ni ha examinado las múltiples violaciones de todo tipo durante y después de esos años, ni se identificaron plenamente los restos de las personas ejecutadas, ni se encontró el paradero de las y los desaparecidos. Los tribunales de justicia no actuaron con diligencia, ni impulsaron procedimientos penales tendientes a esclarecer estos hechos, solo tímidamente, a partir del año 2008, gracias a la presión de los movimientos populares e indígenas y su denuncia internacional, de ONG y presiones internacionales (ONU, CIDH, OEA. Tribunal Internacional de Justicia... ). Ya que la impunidad en los tribunales de injusticia y corrupción de Guatemala se ha dado la mano, hasta hace bien poco, con sus idem gobiernos: militares, paramilitares y narcotraficantes. El trío calavera y sus aliados: las transnacionales, y los aliados de éstas, sus espías de grandes agencias.
Una 'Comisión de la Verdad' auspiciada por la ONU documentó 669 masacres, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. Además, responsabilizó a los militares de 93% de los 200.000 muertos y desaparecidos que dejó la guerra civil.
Sobre el actual presidente ex general Pérez Molina
Existe información + o - verificada que vincula al ex general Pérez Molina, hoy presidente electo de Guatemala, en las matanzas del Alto Quiché en 1982. Pérez Molina ha declarado que no estuvo involucrado en la campaña genocida del Alto Quiché, sin embargo, existe un video en el que Allan Nairn lo entrevista a propósito de un campo de cadáveres en esa zona; en ese entonces Pérez Molina era oficial de operaciones en el Quiché. En un cable de WikiLeaks, el embajador MacFarland menciona su nombre, y se admite que estaba en comando en la zona donde ocurrieron las matanzas bajo el nombre de Tito Arias.
La abogada estadounidense Jennifer Harbury ha presentado un caso contra Pérez Molina por el asesinato de su esposo, el comandante maya Efraín Bámaca Velásquez, alias “Everardo”, quien fue desaparecido durante la guerrilla. Autoridades guatemaltecas han señalado que Bámaca se suicidó al enfrentar la captura, pero existe evidencia de que fue torturado y luego asesinado de un tiro en la cabeza.
El actual presidente de Guatemala también estuvo involucrado en el asesinato del obispo Gerardi, según el periodista Francisco Goldman, autor del libro El Arte del Asesinato Político ¿Quién mató al obispo?.
Los otros responsables ... democráticos
La otra responsabilidad por la tragedia recae en las instituciones y compañías que, conscientes de la brutalidad del régimen militar, colaboraron en la construcción de esa represa de 300 megavatios. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial suministraron al proyecto más de U$S 300 millones en préstamos. El gobierno italiano dio ayuda bilateral y garantías de crédito a las exportaciones. El consorcio que planeó, diseñó y supervisó la construcción de la represa estaba formado por Lahmeyer International (Alemania), Motor Columbus (Suiza) e International Engineering Company (EE.UU.). Por su parte Gogefar (Italia) y Swissboring (Suiza) fueron las compañías directamente encargadas de la construcción de la obra. Hochtief (Alemania) fue el contratista para los trabajos de reparación de los túneles.
Tras una investigación interna, el Banco Mundial admitió la matanza pero
no aceptó asumir responsabilidad alguna. Las compañías participantes en
la construcción de la represa han aducido no tener conocimiento de las
masacres. Sin embargo, testigos presenciales afirman que durante los asesinatos el
ejército utilizó camiones de Cogefar, y muchas mujeres secuestradas
fueron llevadas al sitio de la represa y de allí trasladadas en
helicópteros. Quizás en esos días aciagos sólo trabajaban en el lugar, sin darse cuenta de que allí ya no vivían las cientos de personas que, de golpe, habían desaparecido. Eso era lo que menos les importaba, hasta el presente.
