Los Tratados Bilaterales de Inversión se han convertido en una de las principales
herramientas de poder de las grandes empresas extranjeras y transnacionales para establecer (a su favor), un compendio de reglas jurídicas
destinadas a la protección exclusiva de sus inversiones en los países en vías de desarrollo.
Bajo el paradigma neoliberal y las recomendaciones del Consenso de Washington (políticas de desregulación e intervención mínima del Estado etc.), los TBI se constituyeron en organismos instrumentales en el Convenio de Washington de 1966. Se argumentaba que se alentarían las inversiones y el flujo de capitales hacia los países receptores con tratados justos y equitativos, al tiempo que se protegería a los países inversores de los riesgos propios de la inestabilidad política e institucional, que según los organismos internacionales, caracteriza a países en vías de desarrollo.
En la década de los 60 y 70 del S. XX, ya existía cierta desconfianza en algunos países de Latinoamérica respecto de la inversión extranjera. En esta coyuntura, la Organización de naciones Unidas (ONU), adoptó la resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1963 sobre "Soberanía permanente de los recursos naturales", y posteriormente la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, presentada en Santiago de Chile en 1972, donde se señala que "ningún Estado puede ser obligado a otorgar tratamiento preferencial a a la inversión extranjera..."
En la práctica, no obstante, las grandes empresas inversoras han sido las máximas beneficiarias de la explotación privilegiada de los recursos mineros, agrícolas, hídricos o petrolíferos de los distintos países donde han aterrizado, dejando tras de sí estelas enormes de contaminación ambiental, destrucción de modos de vida, pobreza, desapariciones, muertes, desalojos forzados y robos de tierras por la fuerza (con el beneplácito despreciable de los poderes nacionales corruptos o ignorantes), que en muchos casos utilizaron fuerzas paramilitares para desplazar de sus tierras y perseguir a sus propios ciudadanos por "un puñado de dólares", caso, entre otros, de Colombia.
M. Castell
Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron introduciéndose en mas países durante la década del los 90, publicitándose como instrumentos de cooperación económica entre los países desarrollados con naciones en vías de desarrollo. Con la adhesión al CIADI, organismo internacional diseñado para proteger a los inversionistas privados y dependiente del Banco Mundial, muchos estados latinoamericanos y otros países quedaron subordinados al tribunal arbitral internacional, que arbitra siempre en favor de los poderosos.
En la mayor parte de decisiones de este organismo no se encuentran precedentes que hayan favorecido a un Estado perceptor, lo que cuestiona el sistema arbitral del CIADI y sus normas jurídicas. En muchos países de América latina, economistas, abogados y funcionarios locales recomiendan denunciar esos tratados y construir una nueva estructura jurídica en el marco de Unasur.
Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron introduciéndose en mas países durante la década del los 90, publicitándose como instrumentos de cooperación económica entre los países desarrollados con naciones en vías de desarrollo. Con la adhesión al CIADI, organismo internacional diseñado para proteger a los inversionistas privados y dependiente del Banco Mundial, muchos estados latinoamericanos y otros países quedaron subordinados al tribunal arbitral internacional, que arbitra siempre en favor de los poderosos.
En la mayor parte de decisiones de este organismo no se encuentran precedentes que hayan favorecido a un Estado perceptor, lo que cuestiona el sistema arbitral del CIADI y sus normas jurídicas. En muchos países de América latina, economistas, abogados y funcionarios locales recomiendan denunciar esos tratados y construir una nueva estructura jurídica en el marco de Unasur.
La denuncia de un Tratado es el procedimiento formal para que deje de surtir efectos legales. No obstante, en la mayoría de tratados firmados existe una cláusula obligatoria (y arbitraria) por la cual, aun cuando un Tratado sea denunciado por distintas causas y pierda vigencia, los inversores siguen protegidos por dicha cláusula durante los 10 años posteriores a la denuncia.
A muchos de los países poco industrializados que firmaron los TBI, se les hizo creer que con su aceptación y la incorporación al CIADI aumentarían las inversiones y el progreso en sus propios países, algo del todo falso. Un ejemplo es Brasil, que sin pertenecer a dicho organismo ha recibido inversiones importantes, o EEUU y China; muy al contrario de países como Ghana, entre otros, que firmando docenas de TBI no recibieron inversiones significativas, una vez que los distintos buitres tomaron lo deseado.
A muchos de los países poco industrializados que firmaron los TBI, se les hizo creer que con su aceptación y la incorporación al CIADI aumentarían las inversiones y el progreso en sus propios países, algo del todo falso. Un ejemplo es Brasil, que sin pertenecer a dicho organismo ha recibido inversiones importantes, o EEUU y China; muy al contrario de países como Ghana, entre otros, que firmando docenas de TBI no recibieron inversiones significativas, una vez que los distintos buitres tomaron lo deseado.
En este sentido ciertos organismos internacionales han desarrollado cláusulas uniformes para ser insertadas en estos tratados, como las que regulan el proceso de arbitraje. Este marco general de protección de inversiones tiene distintas consecuencias para los denominados países o economías emergentes, como para otros del tercer mundo, en lo que respecta a la injerencia de organismos internacionales que impulsan y manipulan directa o indirectamente todo este proceso.
La principal razón de existencia de los tratados bilaterales de inversión es la protección de los inversores extranjeros, en lo que se refiere a sus inversiones en el territorio del otro país signatario. En este sentido, cualquier violación de lo acordado en el tratado se considera una violación de derecho internacional, en virtud del principio pacta sunt servandal. Cualquier conflicto tiene una protección especial, brindada (y blindada) por tratados que favorecen a los inversores, que son protegidos doblemente, pudiendo requerir la asistencia de su propio Estado.
Enrique Daza, secretario de la Alianza Social Continental, junto a otros activistas, de distintos países, señala que en el caso de México y Chile, los tratados han contribuido a profundizar en un modelo económico basado en la exportación de materias primas, sacrificando al mercado interno en aras del fomento de la exportaciones de bienes básicos, y dando todo tipo de garantías a la inversiones de multinacionales, lo que ha desembocado en una "reprimarización" de la economía y el deterioro progresivo de la producción local, pérdida de la soberanía alimentaria, abusos y beneficios excesivos a las transnacionales, los pueblos pierden, se incrementa la desigualdad social, el empobrecimiento de amplias capas de la población y la concentración de la riqueza en pocas manos.
