Las políticas seguidas en relación a determinadas etnias indígenas por Gobiernos como Brasil (entre otros), para obtener áreas despejadas e impulsar frentes colonizadores para la producción económica, ha sido constante desde hace siglos; se trataba y se trata de imponer o direccionar el desplazamiento de los indígenas cerca de lugares habitados por población local, teóricamente, que no en la práctica, para ir estableciendo un proceso de contacto e “integración”. Sin embargo, el bandidaje y continua colonización y apropiación por la fuerza de tierras indígenas durante décadas, previa expulsión de quienes allí habitaban y destrucción de su hábitat y modo de vida, “ha impedido” a los gobiernos, también durante décadas, la homologación y demarcación de tierras en el tiempo para saber si eran o no propiedad indígena. No obstante, no parece eso importar mucho a terratenientes ladrones y a mercenarios pagados por éstos. Los gobiernos se lavan muchas veces las manos, hablan pero no hacen, al igual que los jueces, lentos hasta la extenuación para aplicar justicia a los poderosos (narcos, funcionarios corruptos, transnacionales o empresas mercenarias).
Documentos vazados pelo WikiLeaks mostram que autoridades do Mato Grosso do Sul desdenharam da demanda dos indígenas; para EUA, situação é um “desastre”. (Foto: Apública)
Brasil
La empresa de seguridad Gaspem, descrita por la Fiscalía General de Brasil como una “milicia privada”, ha sido acusada de perpetrar ataques brutales en comunidades guaraníes y de asesinar a dos de sus líderes en el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Las amenazas de muerte a mas de cien guaraníes Kaiowá (hombres, mujeres y niños) del campamento indígena Apy Ka’y, situado en las márgenes de la carretera BR-463, son constantes. Gaspem es investigada también por su posible implicación en el incendio que devastó un campamento indígena en Ap’y Ka’ en 2009.
Esta empresa mercenaria es contratada por terratenientes ganaderos que ocupan tierras robadas a los indígenas para plantaciones de caña de azúcar, sus empleados son conocidos como “pistoleiros” y vigilan a los indígenas día y noche desde jeeps, con las ventanillas tintadas y disparando con regularidad hacia el campamento de los guaraníes.
Las familias acampan en esta región desde hace 14 años, y han habido heridos y muertes por atropello y por envenenamiento a causa de los plaguicidas usados en las plantaciones que rodean el campamento. El dueño de la firma, Aurelino Arce, fue detenido el año pasado por su conexión con el asesinato de Nísio Gomes, líder guaraní de la comunidad de Guaviry.
Acaparamiento de tierras
Los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul han
luchado durante décadas para reclamar sus tierras ancestrales, a medida que la
expansión de la agroindustria ha ido convirtiendo gran parte del estado en
explotaciones de soja, ganado, maíz y caña de azúcar. El cultivo de caña de azúcar
ha crecido más del triple entre 2007 y 2012, pasando de 180.000 a 570.000
hectáreas.
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