Etiopía forma parte de los denominados, en la jerga política occidental comunitaria (UE), Estados Menos Avanzados; junto a otros muchos como Chad, Camoa, Sudán, República Democrática del Congo, Yibuti, Eritrea, Gambia, Haiti, Mali, Malawi, Ruanda, Niger, Somalia, Togo, Uganda, Sierra Leona, Liberia, Zambia, Mauritania, Madagascar, Mozambique Santo Tomé y Príncipe, Samoa, Islas Salomón, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Togo, Vanuatu y Zambia.
La Cooperación al Desarrollo o Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE para estos territorios, declaró en los años 1999-2000 (como ya lo hiciera años antes), por medio de sus representantes y organismos, que debido a la escalada de conflictos en África, la Comunidad Europea e Internacional debía evitar que los fondos de ayuda comunitaria a la Cooperación, no fueran empleados con fines militares, o se suspendieran en casos de violaciones graves de los derechos humanos. Proponían ciertas medidas cautelares, como la congelación y paralización de tales fondos en espera de una investigación ante hechos constatados y la interrupción de programas de ayuda. (Comunicación de la Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo, 19 de mayo de 1999, sobre cooperación con los países envueltos en conflictos armados).
Entre los muchos folios repletos de declaraciones de buenas intenciones se añadía más recientemente una “cláusula democrática” para los países demandantes de ayuda: la lucha contra la corrupción, el respeto de los derechos humanos, la información y participación de comunidades afectadas debido a obras de gran envergadura, la igualdad de género etc. También se creó un Fondo Económico de Apoyo a la Paz en África (más orientado al negocio europeo que ayudar a estos países). La puesta en escena parece aceptable, pero... Hay una segunda parte que se repite.
Entre los muchos folios repletos de declaraciones de buenas intenciones se añadía más recientemente una “cláusula democrática” para los países demandantes de ayuda: la lucha contra la corrupción, el respeto de los derechos humanos, la información y participación de comunidades afectadas debido a obras de gran envergadura, la igualdad de género etc. También se creó un Fondo Económico de Apoyo a la Paz en África (más orientado al negocio europeo que ayudar a estos países). La puesta en escena parece aceptable, pero... Hay una segunda parte que se repite.
Las palabras y los hechos
Las catástrofes humanitarias, el hambre, la pobreza y los conflictos armados regionales y choques entre etnias, continúan. Algunos de estos conflictos, pese a su complejidad y factores varios, son debidos, precisamente, a las políticas occidentales de inversiones de grandes obras hidráulicas y a la usurpación de tierras comunitarias agrícolas, para dar paso a plantaciones (por ejemplo el proyecto gubernamental etíope Kuraz Sugar).
Es lo que sucede en la región transfronteriza de Etiopía, Kenia y Sudán del Sur con la controvertida presa Gibe III. En años anteriores, y más recientemente, ya se advertía de los problemas que iba a traer consigo en varios informes supuestos independientes (del Centro de Estudios Africanos; de la Universidad de Oxford, del Grupo de Trabajo de Recursos Africanos y de International Rivers), junto al programa de reasentamiento forzoso de miles de indígenas de Kenia (300.00), y Etiopía (200.000), afectados directos. El riesgo de una catástrofe en el valle del Omo en Etiopía, a causa de la inundación del río Omo, cuyo caudal se reducirá en un 60-70%, destruirá los poblados que viven en sus orillas y sus medios de vida. Obras con capital e inversión occidental que justifican como Cooperación al Desarrollo y que no demandan ni necesitan los pueblos y etnias que viven de la tierra y el río.
La política de crear nuevos asentamientos por parte de Etiopía, la usurpación forzosa de tierras y expulsión de autóctonos se lleva a cabo por el ejército (pues a los perjudicados parece que ni se les informa, ni se les consulta, y menos participan). Los informes son de palizas, asesinatos, violaciones y detenciones, todo lo cual es bien sabido por La Agencia Británica de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (DFID) y su homóloga de Estados Unidos USAID, que son los dos mayores donantes a Etiopía (olvidaron la “cláusula democrática” otra vez). La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), principal organismo en materia de derechos humanos de África, ha pedido que se detenga el realojamiento forzoso de miles de indígenas en Etiopía y en Botswana, donde se hace otro tanto.
El informe del Instituto de Oakland, Ignorando el abuso en Etiopía: DFID y USAID en el valle del bajo Omo, indica que tras las investigaciones que dijeron hacer las agencias donantes aludidas, calificaron las acusaciones como “no confirmadas”. Sin embargo, funcionarios de DFID que visitaron comunidades mursi y bodis, se informaron de arrestos, palizas, violaciones, destrucción de almacenes de grano de las tribus etc.
La demagogia occidental, incluso oriental, en lo relativo a Cooperación al Desarrollo es histórica, con distintos nombres y fechas, más moderada en la actualidad, aunque no siempre, también se utiliza para la guerra. Hablan de cooperación sujeta al respeto de derechos humanos, y dan apoyo financiero, político y moral a gobiernos corruptos o manejables, como ocurre en Etiopía. Un ejemplo entre cientos (el Delta del Niger es otro). Imponen el tipo de desarrollo que los demás debemos aceptar, por grado o por la fuerza; cómplices conscientes de los dramas humanos que generan y de la irreversabilidad de sus actos para con el medio ambiente y el Planeta; delincuentes que nunca pagan, serviles con dictadores y poderosos, y, como ellos, déspotas y cobardes con los débiles.
Tierras agrícolas, ecosistemas y personas que se traga el desarrollo
Desde el año 2000 se han registrado alrededor de 800 adquisiciones de tierra por inversores extranjeros, que afectan a 33 millones de hectáreas en todo el mundo, equivalente a cuatro veces el tamaño de Portugal, además de otras 255 adquisiciones realizadas por inversores nacionales El aumento de la demanda de productos agrícolas que se cultivan a gran escala, como el azúcar, la soja y el aceite de palma es una de las causas de que muchas tierras productivas se utilicen para el cultivo industrial y comercial, el que más produce beneficios; si para ello hay que arrasar con la pequeña o mediana producción agrícola que alimenta a las comunidades locales y cumple un papel de equilibrio de los ecosistemas, no importa.
La chispa de la vida y demás amigos
Aunque las empresas de alimentación y bebidas no suelen ser propietarias directas de la tierra, en conjunto son grandes compradoras de las materias primas que se producen en grandes plantaciones, situadas en países donde abundan las violaciones de derechos (humanos y sobre la tierra). Las empresas de alimentación y bebidas deberían reconocer este hecho, y adoptar medidas para garantizar que en sus cadenas de suministro no se produzcan violaciones de los derechos sobre la tierra ni conflictos. Pero no lo hacen.
Las “10 Grandes” compradores (y “amigos” de corruptos y dictadores) son: Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, Pepsi Cola, y Unilever. Los ingresos del conjunto de estas diez empresas sobrepasan los 1.100 millones de dólares diarios. Las 10 carecen de políticas que puedan garantizar la protección de los derechos sobre la tierra de las comunidades locales que forman parte de sus cadenas de suministro, y ninguna ha adoptado una política de “tolerancia cero” (al revés que aquí con el machismo dislocado) con los “acaparamientos de tierra” . A esto se llama democracia occidental, lo demás son cuentos.
Dada la falta de transparencia en las transacciones de tierras y la nula representación y represión de los afectados, se supone que la superficie de tierra usurpada es mucho mayor. Casi la mitad de estas transacciones se producen en África, en países con gobiernos débiles (hacia poderes mayores) y graves problemas internos, sin políticas claras sobre la tierra, países cuyos índices de necesidades básicas y extrema pobreza son un continuo, como muchos de los citados al comienzo. Los cinco países donde se han registrado las mayores adquisiciones de tierra por superficie: 16 millones de hectáreas, son: Sudán del Sur, Papúa, (Bostwana), Nueva Guinea, Indonesia, República Democrática del Congo y Mozambique. Al igual que en otras áreas geográficas del Planeta.
